Susto o muerte para Luis de Guindos

En plena recapitalización de la banca nacionalizada, previo compromiso de descuartice de las mismas, Luis se ve en la disyuntiva de dar cobijo a 120.000 familias (de momento) que van a perder sus casas en breve, o garantizar la seguridad del marco regulatorio español con el fin de facilitar la entrada de capital extranjero que ayude a mitigar la factura de la gran petada hipotecaria nacional.

Va De Guindos por ahí a pedir dinero ofreciendo como garantía los préstamos hipotecarios “vivos” y los inversores le responden que tenemos ya en España 215.000 millones de euros de préstamos titulizados al retortero, y que no saben muy bien si los activos que los garantizan van a poder ser exigidos habida cuenta que cada dos meses dicta un nuevo Real Decreto que cambia las reglas del juego.

Cerrados pues los mercados mientras resuelve la modificación de la Ley Hipotecaria y previsiblemente la Ley Concursal, no le queda más remedio a Luis que acudir a los escuálidos bancos nacionales para que le compren las acciones del 51% de la Sareb, o lo que es lo mismo 40.000 millones de Euros.

Los Bancos le responden al Ministro que, descontando las papeletas que en forma de titulizados han vendido por ahí, les quedan otros 800.000 millones pendiente de cobro, y que no saben muy bien que va a pasar, porque tras el RD 27/2012 del pasado día 15 de noviembre, se han incrementado un 17% los impagos y los jueces están suspendiendo los procedimientos hipotecarios con o sin la acreditación del cumplimiento de los requisitos del RD.

Por su parte, en una decisión sin parangón, el Consejo General de la Abogacía ha facilitado a todos los colegiados, un modelo de escrito para que el deudor pida la suspensión del procedimiento judicial, hasta que se aclare el nuevo marco regulatorio. El escrito está teniendo gran acogida en los tribunales y surtiendo los efectos deseados. La paralización del procedimiento.

Esa paralización tiene un efecto inmediato en los balances de los bancos. A un coste medio del 5% de interés sobre la cartera fallida, que a su vez es del 9,8% sobre la cartera viva, las cuentas son fáciles: 1.015.000 x 9,8% = 99.470 x 5% = 4.973,5. Si esa cifra la multiplicamos por 2 años que establece el citado Real Decreto, llegamos a la conclusión de que el coste de la paralización, podría alcanzar hasta 9.947 millones de euros.

Sin embargo, al no haber modificado ni la Ley Hipotecaria ni la Concursal para personas físicas, la paralización por dos años del procedimiento hipotecario no suspende el devengo de intereses de la deuda que se tenga en el momento de la suspensión, lo que causa la paradoja de que esos 9.947 millones de euros sería el importe en el que se incrementaría la deuda de los deudores hipotecarios que se hubieran beneficiado de la suspensión de su procedimiento. Kafkiano.

A todo esto, como esos deudores no pueden pagar el principal de la deuda, mucho menos podrán hacerlo con los intereses, con lo que la factura del RD terminará finalmente en los balances de los bancos nacionales, alguno de los cuales está en pleno proceso de recapitalización.

  

Y claro, los inversores internacionales viendo esta fiesta, no quieren ni acercarse, no sea que según inviertan unos euros, les cambien las leyes que regulan su inversión.

Piensa Luis que solo podía elegir susto o muerte. ¿Evitar por vía legislativa el lanzamiento de 120.000 familias? o ¿tener un marco regulatorio estable y seguro que facilite de la inversión de terceros?. La primera le cierra los mercados, podría incrementar la deuda bancaria en casi 10.000 millones adicionales, pero le resuelve parcialmente el enorme problema social de los desahuciados; y la segunda, le abría los mercados, pero enviaría a la exclusión a 120.000 familias.

Ha optado Luis afortunadamente por el susto y ha priorizado la supervivencia 2 años más de las 120.000 familias, pero no olvidemos que el problema de fondo sigue ahí.

Existe actualmente en desarrollo una vía alternativa al susto o muerte. El denominado fondo social de viviendas en alquiler. Aunque parece una expropiación encubierta, dice De Guindos que la aportación de viviendas al fondo por parte de los bancos será voluntaria. Lo mismo da Luis, pero date prisa en montarlo porque bien sabes que esa solución es más barata y te podría volver a abrir los mercados. 120.000 viviendas sociales a un coste medio de 70.000 euros, rondará los 8.400 millones de euros, cifra inferior al coste financiero del RD del pasado día 15. Pero eso sí, modifica la Ley Hipotecaria y la Ley Concursal antes, porque si no, no paras la bola que baja rodando a toda velocidad.

Y según pongas esa cataplasma, id pensando en sistemas económicos alternativos no basados en el crecimiento. Difícil, porque tenemos que cambiar de cabo a rabo nuestras vidas, pero es la única solución no solo para las 120.000 familias, sino para el resto de los que habitamos el planeta.

Me voy a correr un rato para disfrutar este espectacular domingo soleado.