En plena recapitalización de la
banca nacionalizada, previo compromiso de descuartice de las mismas, Luis se ve
en la disyuntiva de dar cobijo a 120.000 familias (de momento) que van a perder
sus casas en breve, o garantizar la seguridad del marco regulatorio español con
el fin de facilitar la entrada de capital extranjero que ayude a mitigar la
factura de la gran petada hipotecaria nacional.
Va De Guindos por ahí a pedir dinero
ofreciendo como garantía los préstamos hipotecarios “vivos” y los inversores le
responden que tenemos ya en España 215.000 millones de euros de préstamos titulizados
al retortero, y que no saben muy bien si los activos que los garantizan van a
poder ser exigidos habida cuenta que cada dos meses dicta un nuevo Real Decreto
que cambia las reglas del juego.
Cerrados pues los mercados mientras
resuelve la modificación de la Ley Hipotecaria y previsiblemente la Ley
Concursal, no le queda más remedio a Luis que acudir a los escuálidos bancos
nacionales para que le compren las acciones del 51% de la Sareb, o lo que es lo
mismo 40.000 millones de Euros.
Los Bancos le responden al Ministro
que, descontando las papeletas que en forma de titulizados han vendido por ahí,
les quedan otros 800.000 millones pendiente de cobro, y que no saben muy bien
que va a pasar, porque tras el RD 27/2012 del pasado día 15 de noviembre, se
han incrementado un 17% los impagos y los jueces están suspendiendo los
procedimientos hipotecarios con o sin la acreditación del cumplimiento de los
requisitos del RD.
Por su parte, en una decisión sin
parangón, el Consejo General de la Abogacía ha facilitado a todos los
colegiados, un modelo de escrito para que el deudor pida la suspensión del
procedimiento judicial, hasta que se aclare el nuevo marco regulatorio. El
escrito está teniendo gran acogida en los tribunales y surtiendo los efectos
deseados. La paralización del procedimiento.
Esa paralización tiene un efecto
inmediato en los balances de los bancos. A un coste medio del 5% de interés
sobre la cartera fallida, que a su vez es del 9,8% sobre la cartera viva, las
cuentas son fáciles: 1.015.000 x 9,8% = 99.470 x 5% = 4.973,5. Si esa cifra la
multiplicamos por 2 años que establece el citado Real Decreto, llegamos a la
conclusión de que el coste de la paralización, podría alcanzar hasta 9.947
millones de euros.
Sin embargo, al no haber modificado
ni la Ley Hipotecaria ni la Concursal para personas físicas, la paralización
por dos años del procedimiento hipotecario no suspende el devengo de intereses
de la deuda que se tenga en el momento de la suspensión, lo que causa la
paradoja de que esos 9.947 millones de euros sería el importe en el que se
incrementaría la deuda de los deudores hipotecarios que se hubieran beneficiado
de la suspensión de su procedimiento. Kafkiano.
A todo esto, como esos deudores no
pueden pagar el principal de la deuda, mucho menos podrán hacerlo con los
intereses, con lo que la factura del RD terminará finalmente en los balances de
los bancos nacionales, alguno de los cuales está en pleno proceso de
recapitalización.
Y claro, los inversores
internacionales viendo esta fiesta, no quieren ni acercarse, no sea que según
inviertan unos euros, les cambien las leyes que regulan su inversión.
Piensa Luis que solo podía elegir
susto o muerte. ¿Evitar por vía legislativa el lanzamiento de 120.000 familias?
o ¿tener un marco regulatorio estable y seguro que facilite de la inversión de
terceros?. La primera le cierra los mercados, podría incrementar la deuda
bancaria en casi 10.000 millones adicionales, pero le resuelve parcialmente el
enorme problema social de los desahuciados; y la segunda, le abría los
mercados, pero enviaría a la exclusión a 120.000 familias.
Ha optado Luis afortunadamente por
el susto y ha priorizado la supervivencia 2 años más de las 120.000 familias,
pero no olvidemos que el problema de fondo sigue ahí.
Existe actualmente en desarrollo una
vía alternativa al susto o muerte. El denominado fondo social de viviendas en
alquiler. Aunque parece una expropiación encubierta, dice De Guindos que la
aportación de viviendas al fondo por parte de los bancos será voluntaria. Lo
mismo da Luis, pero date prisa en montarlo porque bien sabes que esa solución
es más barata y te podría volver a abrir los mercados. 120.000 viviendas
sociales a un coste medio de 70.000 euros, rondará los 8.400 millones de euros,
cifra inferior al coste financiero del RD del pasado día 15. Pero eso sí,
modifica la Ley Hipotecaria y la Ley Concursal antes, porque si no, no paras la
bola que baja rodando a toda velocidad.
Y según pongas esa cataplasma, id
pensando en sistemas económicos alternativos no basados en el crecimiento.
Difícil, porque tenemos que cambiar de cabo a rabo nuestras vidas, pero es la
única solución no solo para las 120.000 familias, sino para el resto de los que
habitamos el planeta.
Me voy a correr un rato para
disfrutar este espectacular domingo soleado.
